Escuelas en ruinas: el reto pendiente de Veracruz
En el tramo final del ciclo escolar 2025-2026, cuando las evaluaciones comienzan a cerrarse y los informes oficiales intentan dibujar balances optimistas, vale la pena detenerse y mirar más allá de las cifras. La educación pública en México no se entiende desde los anuncios ni desde los discursos, sino desde las condiciones reales en las que operan sus escuelas todos los días.
Hoy, más de 23 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestras y maestros sostienen un sistema que, pese a las promesas de transformación, sigue enfrentando carencias profundas que se arrastran desde hace décadas.
Este momento del calendario escolar no es menor. Es justamente cuando se vuelve más evidente la distancia entre lo que se planea en el papel y lo que ocurre en las aulas. Porque mientras se anuncian inversiones históricas y se presume una ampliación de derechos, en muchos casos lo que persiste es un sistema que no ha logrado garantizar condiciones básicas para el aprendizaje. No se trata de un problema coyuntural ni de fallas aisladas, sino de una estructura que ha normalizado la precariedad.
En Veracruz, esa realidad ocurre, una vez más, en medio de carencias estructurales que no se resuelven con anuncios ni cifras espectaculares, sino que se agravan por un problema que el discurso oficial evita: el manejo irregular y opaco de los recursos públicos.
El gobierno federal ha puesto sobre la mesa una inversión de 350 mil millones de pesos para infraestructura educativa entre 2026 y 2030. A primera vista, la cifra parece histórica. Sin embargo, cuando se contrasta con la magnitud del rezago acumulado durante décadas, la narrativa cambia.
No se trata de cuánto se anuncia, sino de cuánto realmente alcanza y, sobre todo, de cuánto realmente llega a las escuelas.
Durante años, la infraestructura educativa en México ha sido víctima de una lógica tecnocrática que privilegia la simulación por encima de la inversión física.
Las escuelas han dejado de ser espacios de desarrollo integral para convertirse en unidades administrativas sujetas a indicadores.
El resultado es visible: planteles deteriorados, falta de mantenimiento, carencias en servicios básicos y una brecha profunda entre regiones. Veracruz no es la excepción; es, en muchos casos, el ejemplo más claro del abandono… y de cómo ese abandono convive con la corrupción. Las cifras son contundentes y no admiten maquillaje: en el estado, más de 2.1 millones de personas —alrededor del 26% de la población— no han concluido la educación básica.
En Veracruz, el problema de la infraestructura educativa no puede entenderse sin mirar dónde están las escuelas y en qué condiciones operan.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Veracruz, el estado cuenta con miles de planteles en contextos de alta vulnerabilidad: al menos 3,342 escuelas multigrado, 2,407 unitarias y más de 2,300 de educación indígena, lo que permite estimar que entre 7,500 y 8,000 escuelas funcionan en zonas rurales y marginadas.
No se trata de un segmento menor del sistema, sino de una proporción significativa donde se concentran las mayores carencias y donde el derecho a la educación enfrenta sus obstáculos más duros.
Estas escuelas no solo están alejadas geográficamente, también lo están del presupuesto y de las decisiones públicas.
En ellas se acumulan las deficiencias más graves: planteles sin agua potable, sin electricidad estable, con infraestructura precaria y sin acceso a tecnología. Son espacios donde un solo docente atiende varios grados, donde los materiales son insuficientes y donde las condiciones físicas del aula influyen directamente en el aprendizaje.
Hablar de transformación educativa sin atender estas realidades es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una simulación.
Lo más preocupante es que este rezago no es únicamente producto de la falta de recursos, sino de cómo se administran. Porque mientras miles de escuelas rurales siguen operando en condiciones mínimas, continúan apareciendo irregularidades en el uso del presupuesto: recursos que no se comprueban, obras que no se terminan y apoyos que no llegan.
Veracruz no enfrenta solo un déficit de infraestructura educativa; enfrenta un problema más profundo, donde la marginación territorial y la opacidad institucional se combinan para perpetuar la desigualdad desde las aulas.
Este rezago no puede explicarse únicamente por factores sociales; es también consecuencia de un sistema educativo que no ha garantizado infraestructura suficiente ni condiciones dignas para aprender.
En zonas rurales y marginadas, hay escuelas sin agua potable, con sanitarios inservibles, techos dañados y aulas improvisadas.
En regiones urbanas, el problema no desaparece: la sobrepoblación escolar y la falta de espacios adecuados generan condiciones que afectan directamente el aprendizaje. No son casos aislados, son patrones repetidos.
El problema no es nuevo.
Se ha construido durante décadas de desatención presupuestal, decisiones políticas equivocadas y una desconexión sistemática entre las autoridades y la realidad escolar.
Pero en Veracruz hay un agravante: cuando el recurso llega, no siempre se traduce en soluciones. En 2026, el manejo de los recursos educativos vuelve a exhibir sus grietas. Las denuncias sobre irregularidades en la Secretaría de Educación de Veracruz no son nuevas, pero sí cada vez más evidentes.
El caso de las cafeterías escolares, donde durante años se señalan inconsistencias menores, es en realidad la puerta de entrada a un esquema mucho más amplio: a través de concesiones a particulares, se generan cuotas que alcanzan alrededor de 60 millones de pesos mensuales según algunas estimaciones, recursos que se manejan con discrecionalidad y que no se reflejan en mejoras para la infraestructura escolar.
Lo que debería ser un mecanismo de apoyo directo para miles de planteles públicos se convierte en un circuito paralelo de dinero sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin impacto real en las condiciones en las que estudian millones de niñas, niños y jóvenes en Veracruz.
A esto se suman señalamientos internos por prácticas de corrupción, cobros indebidos y presiones administrativas, lo que revela que el problema no está en los márgenes, sino dentro de la estructura institucional.
El dato es contundente: más de 220 mil escuelas públicas en el país reciben apenas una fracción mínima del presupuesto educativo.
Pero en Veracruz el problema es doble: reciben poco… y lo poco que reciben no siempre se utiliza correctamente.
La obra pública es otro ejemplo claro.
Existen antecedentes recientes de obras educativas inconclusas, contratos asignados de manera discrecional y constructoras que abandonan proyectos sin consecuencias.
Escuelas a medio construir, rehabilitaciones que nunca terminan y recursos ejercidos sin resultados visibles.
La infraestructura educativa se convierte, en demasiados casos, en un negocio más que en una política pública.
En Veracruz, la discusión sobre infraestructura educativa no puede limitarse a cifras nacionales.
El estado enfrenta condiciones particulares: dispersión poblacional, alta marginación en varias regiones y una histórica debilidad institucional en la ejecución del gasto público.
Aquí, cada peso invertido no solo tiene que rendir más, tiene que sobrevivir a un sistema que ha normalizado la ineficiencia y la opacidad.
Además, el problema no es únicamente de dinero. Es un problema de enfoque… y de control.
Durante años, las decisiones sobre infraestructura se toman desde oficinas centrales, sin considerar las necesidades reales de cada comunidad escolar.
Se construyen espacios que no responden al contexto, se rehabilitan planteles sin atender problemas de fondo y se priorizan obras visibles —políticamente rentables— sobre soluciones duraderas.
La infraestructura educativa no es solo cemento y varilla. Es un componente fundamental del derecho a la educación.
Un estudiante que toma clases en un aula deteriorada, sin ventilación o sin servicios básicos, no tiene las mismas condiciones de aprendizaje que otro en un entorno adecuado.La desigualdad empieza ahí… pero se profundiza cuando el recurso destinado a corregirla se pierde en el camino.
También es un tema de dignidad laboral.
Las y los docentes trabajan en condiciones que muchas veces limitan su capacidad de enseñanza. Hablar de calidad educativa sin garantizar espacios dignos es una contradicción que el sistema ha decidido tolerar.
Por eso, el diagnóstico debe ser claro y sin concesiones: Veracruz enfrenta un rezago estructural en infraestructura educativa agravado por prácticas de corrupción que distorsionan el uso del gasto público. Sin corregir ese problema de fondo, cualquier incremento presupuestal será insuficiente.
Las propuestas deben partir de esa realidad.
Primero, es indispensable construir un diagnóstico estatal preciso, escuela por escuela. No más estimaciones generales ni cifras maquilladas.
Segundo, se debe descentralizar la toma de decisiones.
Las comunidades escolares —docentes, padres de familia y estudiantes— deben participar activamente en la definición de prioridades, pero también en la vigilancia del uso de los recursos.
Tercero, es urgente transparentar el uso del presupuesto. No basta con asignarlo; hay que seguirlo peso por peso.
Cuarto, se debe vincular la inversión en infraestructura con políticas de desarrollo regional. No basta con mejorar escuelas si el entorno sigue marcado por la marginación.
Quinto, es necesario priorizar el mantenimiento preventivo. Mantener cuesta menos que reconstruir, pero requiere voluntad y continuidad.
Sexto, se debe romper con la impunidad.
Porque mientras las irregularidades en cafeterías, contratos y obras no tienen consecuencias, la corrupción seguirá siendo parte del sistema.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas será viable si no se atiende un elemento central: la voluntad política.
La educación, y en particular la infraestructura educativa, sigue siendo un terreno de disputa.
El control del presupuesto, la definición de prioridades y la ejecución de obras responden a intereses que van más allá del bienestar de las comunidades.
Ahí está el verdadero desafío. No es solo técnico, es profundamente político.
Porque mientras la infraestructura educativa se utiliza como herramienta de control —y en algunos casos como espacio de negocio— y no como instrumento de transformación, los avances serán limitados.
Veracruz tiene una oportunidad. Pero también tiene una responsabilidad: dejar de administrar la precariedad y empezar a corregir las causas.
Porque hoy, más que falta de diagnósticos, lo que sobra es evidencia.
Escuelas deterioradas. Recursos desviados. Obras inconclusas.
Y un sistema que, hasta ahora, permite que todo eso conviva sin consecuencias.
