Los Dislates Educativos de la 4T
La decisión de recortar más de un mes el calendario escolar ya era suficientemente escandalosa por sí sola. Pero lo verdaderamente alarmante fue exhibir el nivel de improvisación y desorden dentro del propio gobierno federal. Mientras el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunciaba con bombo y platillo que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio para dar paso a casi tres meses de vacaciones por el Mundial y el calor, horas después la propia Claudia Sheinbaum salió públicamente a desmentirlo asegurando que “todavía no hay un calendario definido”.
Es decir, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en una decisión que afecta a millones de estudiantes y familias mexicanas.
Además, la desorganización terminó exhibiendo todavía más el nivel de improvisación dentro de la propia SEP.
En cuestión de horas, Mario Delgado pasó de anunciar prácticamente como un hecho que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio y que el regreso sería hasta finales de agosto, a corregirse una y otra vez conforme crecían las críticas.
Primero habló de una decisión tomada por el calor y el Mundial 2026; después, Claudia Sheinbaum salió públicamente a frenarlo asegurando que el calendario aún no estaba definido.
Más tarde, el propio Delgado repitió el discurso presidencial y finalmente volvió a decir que la propuesta seguía sobre la mesa y que habría reuniones con secretarios estatales para revisarla.
El mensaje que terminó enviándose fue desastroso: ni siquiera dentro del gobierno existe claridad sobre una medida que afectaría a millones de estudiantes, maestros y padres de familia.
Más que una estrategia educativa seria, todo pareció una cadena de ocurrencias improvisadas que iban cambiando según avanzaba la polémica pública. Y eso quizá resulta todavía más preocupante que la propia propuesta.
La escena retrata perfectamente cómo opera hoy el gobierno de Morena: primero anuncian ocurrencias sin medir consecuencias, después reculan cuando estalla la crítica pública y finalmente aseguran que “solo era una propuesta”.
El problema es que aquí no se está hablando de cualquier tema menor, sino del sistema educativo de un país que arrastra graves rezagos académicos desde hace años y que nunca logró recuperarse realmente después de la pandemia.
Y aun así, en lugar de discutir cómo mejorar la calidad educativa, reforzar matemáticas o recuperar aprendizaje perdido, el gobierno decidió colocar al futbol, la logística mundialista y la comodidad política por encima de la educación pública. Ese es el verdadero tamaño del problema.
En una nación donde millones de estudiantes arrastran graves rezagos académicos desde la pandemia, donde las pruebas internacionales siguen exhibiendo niveles preocupantes en lectura, matemáticas y comprensión, la autoridad decidió que el futbol y la comodidad política pesan más que la formación de las próximas generaciones.
Mientras países desarrollados discuten cómo ampliar horas de aprendizaje, reforzar habilidades tecnológicas y preparar a sus jóvenes para competir en economías globales cada vez más exigentes, en México el gobierno propone reducir semanas completas de clases para facilitar la logística del Mundial de Futbol 2026.
No se trata de una emergencia nacional ni de una situación extraordinaria imposible de controlar.
Lo verdaderamente grave es que el propio Estado reconoce implícitamente que no tiene capacidad para garantizar movilidad, seguridad y funcionamiento urbano durante un evento deportivo sin necesidad de vaciar escuelas.
La medida retrata de cuerpo entero el nivel de improvisación que domina hoy a la política educativa mexicana.
En lugar de invertir en infraestructura escolar adecuada, mejorar sistemas de ventilación, aplicar horarios escalonados o fortalecer el transporte público, la salida más sencilla fue cerrar aulas y mandar alumnos a sus casas.
Es la política del menor esfuerzo convertida en estrategia nacional. Una solución cómoda para el gobierno, pero profundamente dañina para millones de familias y estudiantes.
El problema se vuelve todavía más indignante porque México atraviesa una de las peores crisis educativas de las últimas décadas.
Durante años el país acumuló rezagos en calidad educativa, abandono escolar y desigualdad académica entre regiones. Después llegó la pandemia y profundizó todavía más el desastre. Millones de estudiantes perdieron aprendizajes fundamentales y muchos jamás lograron recuperarlos completamente. Sin embargo, en lugar de reforzar contenidos, ampliar jornadas escolares o establecer programas intensivos de recuperación académica, el gobierno decidió reducir tiempo efectivo de enseñanza.
La llamada Nueva Escuela Mexicana prometía convertirse en una transformación profunda del sistema educativo nacional.
Lo que terminó entregando fue un modelo confuso, improvisado y altamente ideologizado, donde muchas veces parece importar más el discurso político que el aprendizaje real de los estudiantes.
Hoy México ni siquiera cuenta con evaluaciones transparentes y sólidas que permitan medir con claridad si los alumnos realmente están aprendiendo mejor o peor que antes. Los mecanismos de evaluación incómodos fueron debilitados porque exhibían el fracaso acumulado del sistema educativo.
Y ahora, encima de todo ese deterioro, el gobierno pretende recortar más de un mes de clases como si la educación fuera un simple trámite administrativo que puede ajustarse sin consecuencias. El mensaje que recibe la sociedad es devastador: el aprendizaje puede esperar. La preparación académica puede sacrificarse. El futuro de millones de niños y jóvenes puede ponerse en pausa siempre y cuando no se afecte el espectáculo deportivo ni la narrativa política del gobierno.
Resulta insultante escuchar que uno de los argumentos oficiales para justificar la medida es facilitar la movilidad vial en la Ciudad de México durante el Mundial.
Es decir, el propio gobierno admite públicamente que no tiene capacidad para organizar tránsito, seguridad y operación urbana sin necesidad de suspender clases. En cualquier país serio eso representaría un escándalo político monumental.
Aquí, en cambio, se presenta casi como si fuera un favor para las familias mexicanas.
La realidad es completamente distinta. Para millones de hogares donde ambos padres trabajan, el cierre anticipado de escuelas no representa descanso ni vacaciones felices viendo futbol. Representa una crisis económica y logística enorme. Muchas familias no tienen dónde dejar a sus hijos durante semanas adicionales fuera de clases.
Otras tendrán que gastar más dinero en cuidados, transporte o actividades improvisadas mientras el gobierno presume organización mundialista y capacidad de gestión internacional.
El golpe además será profundamente desigual, como ocurre siempre en México. Las familias con mayores ingresos encontrarán cursos privados, actividades extracurriculares, clases particulares o programas alternativos para mantener ocupados académicamente a sus hijos. Los estudiantes más pobres simplemente perderán semanas completas de aprendizaje. Y en un país donde la desigualdad educativa ya es brutal, cada día perdido amplía todavía más la distancia entre quienes tienen oportunidades y quienes dependen exclusivamente de la escuela pública.
La Unión Nacional de Padres de Familia tiene razón al advertir que esta medida agravará todavía más el rezago educativo nacional.
También tienen razón especialistas y organizaciones como Mexicanos Primero cuando señalan que las prioridades del gobierno están completamente invertidas. Porque mientras otros países vinculados al Mundial mantendrán sus calendarios escolares normales, México decidió doblarse ante la FIFA y alterar todo el sistema educativo nacional para evitar complicaciones políticas y operativas.
Eso retrata perfectamente el momento político que atraviesa el país: un gobierno obsesionado con la imagen pública, el espectáculo mediático y la propaganda permanente, pero incapaz de resolver problemas estructurales fundamentales. La administración de Claudia Sheinbaum heredó un sistema educativo golpeado y debilitado, pero lejos de corregir el rumbo parece mucho más interesada en evitar costos políticos inmediatos que en construir una estrategia educativa seria y de largo plazo.
Y ahí aparece un elemento todavía más incómodo y delicado políticamente. El Mundial de Futbol funciona también como una gigantesca cortina de humo mediática. Mientras la conversación pública se llena de estadios, conciertos, futbol, turismo y entretenimiento masivo, el gobierno enfrenta uno de los momentos más delicados de todo el sexenio. La agenda pública se desplaza convenientemente hacia el espectáculo mientras otros temas profundamente graves comienzan a perder atención social.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado representan un golpe político devastador para Morena y para el propio gobierno federal. No se trata de rumores de redes sociales ni de señalamientos partidistas menores. Son acusaciones surgidas desde cortes federales estadounidenses y respaldadas por investigaciones de alto nivel que colocan al oficialismo en una situación extremadamente delicada.
Y mientras todo eso ocurre, casualmente aparece un Mundial acompañado de vacaciones adelantadas, entretenimiento colectivo y suficiente ruido mediático para distraer la atención pública. La coincidencia resulta demasiado conveniente políticamente. Porque mientras millones discuten futbol, movilidad, conciertos y vacaciones, el país deja de concentrarse por momentos en temas mucho más graves relacionados con seguridad, narcotráfico y posibles vínculos políticos con estructuras criminales.
El problema es que la educación no puede convertirse en variable de ajuste político ni en herramienta de distracción mediática. No puede sacrificarse el aprendizaje de millones de estudiantes para facilitar operación urbana, proteger imagen gubernamental o reducir tensiones políticas en momentos incómodos para el poder.
Pero exactamente eso parece estar ocurriendo bajo el disfraz de una decisión “responsable” frente al calor y al Mundial.
El gobierno intenta justificar la medida asegurando que responde también a las altas temperaturas que afectan diversas regiones del país. Pero el calor extremo no apareció de repente en 2026. México lleva décadas enfrentando olas de calor intensas y condiciones climáticas adversas en múltiples estados. Si las escuelas públicas no cuentan con ventilación adecuada, infraestructura térmica o condiciones dignas para operar, eso también es responsabilidad del propio Estado y de años de abandono institucional.
El problema real no es el clima. El problema es la falta de inversión, mantenimiento y planeación educativa acumulada durante años. Y nuevamente la solución más fácil para el gobierno es cancelar clases en lugar de resolver las causas de fondo. Es mucho más sencillo mandar alumnos a casa que invertir seriamente en escuelas dignas y funcionales para millones de estudiantes mexicanos.
La SEP insiste en que existirán semanas posteriores de “fortalecimiento académico” para compensar el tiempo perdido. Pero nadie puede recuperar fácilmente cinco o siete semanas completas de aprendizaje, especialmente cuando el sistema educativo ya enfrenta rezagos severos desde hace años.
Los conocimientos no funcionan como piezas intercambiables que simplemente pueden comprimirse en menos tiempo sin consecuencias académicas.
Los números son demoledores. México podría concluir el ciclo escolar con apenas 157 días efectivos de clases, muy por debajo del promedio de 186 días registrado en países de la OCDE.
Es decir, mientras el resto del mundo compite por generar mejores condiciones educativas, científicas y tecnológicas, México decide voluntariamente retroceder en tiempo efectivo de enseñanza.
Y quizá lo más alarmante de todo es que buena parte de la sociedad parece haber normalizado este deterioro educativo. Ya no existe indignación suficiente frente al colapso gradual del sistema escolar.
Parece haberse aceptado resignadamente que las escuelas funcionen mal, que los estudiantes aprendan menos y que el gobierno trate la educación pública como un asunto secundario subordinado a intereses políticos y mediáticos. Pero las consecuencias llegarán inevitablemente.
Los países avanzan formando capital humano competitivo, fortaleciendo ciencia, tecnología y educación pública de calidad. México hoy está haciendo exactamente lo contrario.
Y la tragedia es que quienes pagarán el costo no serán los funcionarios que tomaron la decisión desde oficinas climatizadas en la Ciudad de México. Lo pagarán millones de estudiantes que verán reducidas sus oportunidades futuras.
Lo pagarán maestros obligados a mutilar programas académicos imposibles de cubrir en menos tiempo. Lo pagarán padres de familia abandonados nuevamente por un sistema que cada vez escucha menos a la ciudadanía.
La frase de Nelson Mandela sigue siendo brutalmente vigente: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. En México, tristemente, parece haberse convertido en la moneda más barata para comprar comodidad política, entretenimiento colectivo y silencio social. Ese es el verdadero tamaño del problema. No se trata solamente de un mes menos de clases. Se trata de un gobierno diciéndole al país que el futbol importa más que el aprendizaje, que el espectáculo pesa más que el conocimiento y que las prioridades políticas valen más que el futuro educativo de millones de niños y jóvenes mexicanos.
Y ese quizá sea el autogol más caro que México terminará pagando durante muchos años.
